El dilema de la Fiscalía y la CICIES
(Comisión Internacional Contra la Impunidad en El
Salvador)
La fiscalía de cualquier república o país
representa la barrera que defiende al Estado de Derecho contra lo ilícito, es
la institución que protege a la gente de la corrupción, del hampa, de la mafia
y todo lo que sea contrario al orden social y el buen respeto de la ley.
Como todos sabemos el pasado 6 de enero la Asamblea
Legislativa salvadoreña juramentó a Douglas Arquímedes Meléndez como nuevo
fiscal de la república, en un país con un promedio de 100 personas asesinadas
por cada 100 mil habitantes, datos que colocan a los salvadoreños como una de
las sociedades más violentas del mundo.
Pero no solo eso, los vicios del poder de la clase
política han demostrado a través de los años y las décadas, que la corrupción en
los órganos de Estado ha terminado de descomponer a un país que lucha por su tan
anhelada paz. Los niveles de violencia social hoy en día igualan o sobrepasan a
los más agudos tiempos de guerra civil en los años 80.
La fuga o pérdida del patrimonio del Estado ha
corroído el poder de tal forma que el descontento de la sociedad civil es
determinante, este apremio social es una de las principales críticas a los
diferentes gobiernos, tanto de derecha como de izquierda. La presión de una
depuración del Estado es tan fuerte que el mismo gobierno de Estados Unidos
condiciona su ayuda financiera a la formación de una CICIES (Comisión
Internacional Contra la Impunidad en El Salvador).
A diferencia de Honduras y Guatemala que ya
formaron dicha organización contralor, el gobierno salvadoreño ha sido
categórico en no tener intenciones de hacerlo, a través de la Presidenta de la
Asamblea Legislativa Lorena Peña y el Canciller Hugo Martínez respondieron a
Washington con el argumento que el país tiene sus respectivas instituciones
para que impere la ley y con suficientes herramientas para combatir la
corrupción; sin embargo, por honor a la verdad a todos nos queda un sin sabor en
el paladar ante esa respuesta, pues como sabemos las instituciones salvadoreñas
no tienen las mejores calificaciones al respecto.
En medio de ese escenario el parlamento elige como
fiscal a Douglas Arquímedes Meléndez, un profesional de la leyes que es
respetado en el gremio y por la sociedad civil, un fiscal de profesión por así
decirse, ya que es un abogado penal que se ha forjado en la misma institución (Fiscalía
General de República FGR) desde finales de la guerra civil. Algo que puede ser
positivo o negativo a la vez según analistas políticos.
Muchos casos sonados que fueron perseguidos por los
buenos oficios de la FGR estuvieron a cargo del ahora nuevo Fiscal General a
través de la Unidad Especial Anticorrupción y Delitos Complejo, entre esos
casos están: el del Banco Fomento Agropecuario en el que se encarceló a su
director García Prieto y el empresario Enrique Rais, o el de Carlos Perla
cuando fue acusado de apropiarse de fondos de ANDA (Administración Nacional de Acueductos
y Alcantarillados); a su vez llevó al banquillo de los acusados a policías, ex
guerrilleros, funcionarios públicos, reconocidos empresarios y militares
también, pues fue designado para dirigir, a sus buenos 25 años de edad, el caso
del asesinato de los seis sacerdotes jesuita y sus dos empleadas.
En conclusión, la fiscalía salvadoreña ha sido tan deficitaria
a lo largo de su historia que muchos casos logran justicia solo en tribunales
internaciones, la justicia salvadoreña no es profunda ni tajante a la hora de
perseguir a los corruptos, especialmente a los de cuello blanco y al crimen
organizado, que como sabemos ha penetrado las instituciones del Estado,
llevando al país a una situación caótica sin precedente.
Si en verdad el órgano Ejecutivo y Legislativo
están interesados en combatir la corrupción designando a un nuevo fiscal
notable y “potable”, queda la interrogante como inevitable reflexión: ¿Por qué
no darle más herramientas al sistema?, ¿Por qué no darle una CICIES a la sociedad
civil?
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